Economía

Contratan bancos de inversión para negociar el pago del Bono Verde por 300 millones de dólares

El Gobierno de La Rioja contratará en forma directa a tres bancos de inversión para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la Provincia, instrumentada mediante la emisión de títulos públicos regidos bajo Ley extranjera por U$S300.000.000.

El perfil de las entidades bancarias estará enmarcado como agente colocador (Dealer Manager), agente de la información (Information agent) y agente fiduciario (Trustee), según la ley sancionada por la Cámara de Diputados.

En la oportunidad, la Legislatura declaró “prioritaria para el interés de la Provincia de La Rioja la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la Provincia, instrumentada mediante la emisión de títulos públicos regidos bajo Ley extranjera por U$S300.000.000 al 9,750% con vencimiento en 2025 (ISIN No US504216AA09/USP6S52BAA07, CUSIP No 504216 AA0/P6S52B AA0) (los “Títulos Públicos”)”.

A tal fin, autorizó “a la Función Ejecutiva a realizar, mediante los mecanismos y/o instrumentos que juzgue más apropiados, operaciones de crédito público para la refinanciación en forma total y/o parcial de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos”.

“La refinanciación de los Títulos Públicos podrá ser instrumentada mediante los mecanismos y/o instrumentos que la Función Ejecutiva juzgue más apropiados, incluyendo operaciones de administración de pasivos, canjes por uno o más títulos, restructuraciones, solicitudes de consentimiento para modificar las condiciones de los títulos existentes, incluyendo sin limitación los servicios de capital e intereses en uno o más tramos y en uno o en varios períodos presupuestarios, según la oportunidad o conveniencia del caso, en una única oportunidad o a través de posteriores colocaciones o reaperturas”, dice la norma.

La Función Ejecutiva tendrá la facultad de dotar a la operación de crédito público, autorizada en la presente de cualesquiera de los mecanismos descriptos en el Artículo 3 de la Ley 9.835, con el alcance allí establecido.

El servicio de la deuda que se genere deberá estar en consonancia con lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 72 de la Constitución Provincial y de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno al que adhiriera la provincia de La Rioja.

También autoriza a la Función Ejecutiva a prorrogar la jurisdicción a favor de los tribunales extranjeros, sujetar las operaciones de crédito público autorizadas por la presente Ley a la legislación extranjera, si ello fuera conveniente para mejorar las condiciones de tales operaciones, y acordar todos aquellos compromisos habituales para operaciones de crédito en los mercados donde sean colocadas.

Además autoriza a la Función Ejecutiva a contratar en forma directa, conforme lo dispone el Artículo 13 de la Ley No 9.341, sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, a bancos de inversión para que actúen como agente colocador (Dealer Manager), agente de la información (Information agent), agente fiduciario (Trustee), agentes de reconocido prestigio y capacidad con experiencia específica en este tipo de operaciones de crédito público, y los demás agentes y/o asesores que intervengan para la realización de este tipo de operaciones, los cuales también deberán tener reconocida experiencia en la materia. Los costos financieros, intereses a pagar y demás costos y gastos de estas contrataciones deberán serlos que normalmente se pagan en el mercado por este tipo de operaciones.

Adicionalmente, la Cámara de Diputados autoriza a la Función Ejecutiva a realizar todos aquellos actos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, incluyendo, sin limitación, la emisión de nuevos títulos o la modificación de los títulos existentes, pudiendo determinar las épocas, plazos, métodos, garantías y procedimientos de los mismos y realizar el pago de otros gastos necesarios de impresión de documentos, distribución de prospectos, traducción y otros gastos asociados a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley.

También autoriza a la Función Ejecutiva, por intermedio del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a realizar todos los actos necesarios o recomendables para instrumentar las operaciones de crédito público autorizadas por la presente Ley, incluyendo el otorgamiento de garantías, firma de documentos, certificados, contrataciones mencionadas en el Artículo 3 de la Ley, contratos o cualquier otro tipo de instrumento que sea aconsejable a tales fines, además de llevar adelante todas las gestiones correspondientes para la mejor consumación de los objetivos aquí previstos.

Además autoriza a la Función Ejecutiva, por intermedio del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a dic tar las normas complementarias que establezcan las condiciones a las que deberá sujetarse la operatoria, tales como la época, método, la amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de deuda, plazo, relación de canje, tasa de interés aplicable, la colocación en el mercado local o internacional, pago de comisiones, honorarios, gastos, instrumentación de la deuda, etc.

La Función Ejecutiva, según la oportunidad o conveniencia del caso, podrá constituir simultáneamente fideicomisos, cuentas especiales o estructuras, similares que resultaren necesarias para la consumación de la operación de crédito público autorizada por medio de la ley.

También autoriza a la Función Ejecutiva a suscribir con Banco Rioja S.A.U. y/u otra institución bancaria, los contratos de constitución de las herramientas de administración de fondos previstas en la ley, conforme con las normas vigentes en la materia.

Y además exime de todo impuesto y/o tasa provincial creado o a crearse con relación a la emisión, colocación, comercialización, recupero, rentabilidad, y todo acto o presentaciones vinculados con las operaciones de crédito público mencionadas en la ley, las garantías de las mismas y de la utilización de los mecanismos previstos en los Artículos 3 y 6 de la Ley.

Finalmente autoriza a la Función Ejecutiva, a través de los organismos competentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias a los fines de la ley.

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