Política

Promulgan la ley que prioriza la renegociación de una deuda por 300 millones de dólares

A través del decreto 739, del 25 de junio, el gobernador Ricardo Quintela promulgó la ley 10.257, sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia el 4 de junio de 2020.

A través de ella, se declara prioritaria para el interés de la Provincia de La Rioja la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la Provincia, instrumentada mediante la emisión de títulos públicos regidos bajo Ley extranjera por U$S 300.000.000 al 9,750% con vencimiento en 2025 (ISIN N° US504216AA09/USP6S52BAA07, CUSIP N° 504216 AA0/P6S52B AA0) (los “Títulos Públicos”).

El decreto fue refrendado además por el secretario General de la Gobernación, Armando Molina.

Según la ley, autoriza a la Función Ejecutiva a realizar, mediante los mecanismos y/o instrumentos que juzgue más apropiados, operaciones de crédito público para la refinanciación en forma total y/o parcial de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos.

La refinanciación de los Títulos Públicos podrá ser instrumentada mediante los mecanismos y/o instrumentos que la Función Ejecutiva juzgue más apropiados, incluyendo operaciones de administración de pasivos, canjes por uno o más títulos, restructuraciones, solicitudes de consentimiento para modificar las condiciones de los títulos existentes, incluyendo sin limitación los servicios de capital e intereses en uno o más tramos y en uno o en varios períodos presupuestarios, según la oportunidad o conveniencia del caso, en una única oportunidad o a través de posteriores colocaciones o reaperturas.

La Función Ejecutiva tendrá la facultad de dotar a la operación de crédito público autorizada en la presente de cualquiera de los mecanismos descriptos en el Artículo 3° de la Ley N° 9.835, con el alcance allí establecido.

El servicio de la deuda que se genere deberá estar en consonancia con lo dispuesto por el segundo párrafo del Artículo 72° de la Constitución Provincial y de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno al que adhiriera la provincia de La Rioja.

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